La Fiscalía General de Ecuador dijo el viernes que, a través de un tribunal local, había congelado las cuentas bancarias de muchos líderes empresariales y exfuncionarios del gobierno, incluido el expresidente Rafael Correa y miembros de su administración, que fueron condenados el año pasado por infringir las leyes de financiación de campañas.
Correa y otras 19 personas, incluido su exvicepresidente que está en prisión por otro caso de corrupción, fueron acusados de aceptar 7,5 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos para financiar las campañas electorales de su partido entre 2012 y 2016.
El expresidente, que estuvo en el cargo entre 2007 y 2017, fue condenado a ocho años de prisión por un juez ecuatoriano en 2020, pero vive en Bélgica desde que dejó el cargo hace cuatro años, eludiendo a la justicia de su país.
Además de la pena de prisión, los condenados fueron condenados a pagar un total de 14,7 millones de dólares en reparaciones al gobierno, con diferentes cantidades según la sentencia de cada uno.
Hasta ahora, sólo tres de los 20 condenados en el caso, todos ellos empresarios, han pagado su deuda, según la oficina del fiscal general.
En un comunicado, la entidad también dijo que, tras los embargos de cuentas, “solicitará al mismo tribunal que ordene el embargo de los bienes registrados a nombre de los condenados”.
Correa, de 58 años, también tiene una orden de detención pendiente por el presunto secuestro de un opositor político y está inhabilitado para participar en política durante 25 años.
No fue posible contactar inmediatamente con sus abogados para que hicieran comentarios.
El exmandatario ha negado las acusaciones, diciendo que son un ataque político del expresidente Lenin Moreno, a quien Correa apoyó inicialmente cuando Moreno fue elegido en 2017.
En agosto de 2020, la Fiscalía General creó la Unidad de Recuperación de Activos, con el propósito de facilitar la justicia en casos de corrupción que involucren a exfuncionarios públicos.